Democracia y prensa en Venezuela:

Estado, Medios y Sociedad[1]

Por

Yker Valerio

ykervalerio@yahoo.com

Resumen

Se presenta un breve análisis de la relación particular que han tenido la democracia venezolana y la prensa en su historia reciente, a partir de la relevancia de la participación de los medios en la producción y reproducción de la realidad social y política de Venezuela. En torno al tema, se expone, en primer lugar, el papel de la prensa en la legitimación y deslegitimación de la democracia venezolana, en dos puntos de inflexión históricos. Adicionalmente, partiendo de la producción reciente en Venezuela, en el área de la Comunicación Social, se toma en cuenta la relación entre Estado, Medios y Sociedad, para establecer una aproximación hacia las tensiones que se producen en torno al poder de difusión e influencia de los Medios, tanto privados como estatales.

1. La prensa y la democracia venezolana

“la realidad depende cada vez más no de la propia realidad, sino de la comunicación massmediática que construye / reconstruye la misma realidad” (Bisbal, 2000: 5)

“En la sociedad actual, los medios de comunicación no son el cuarto poder, realmente se han convertido en el primer poder por su influencia sobre la sociedad, sobre nuestras vidas cotidianas, sobre nuestra cultura y educación” (Zago, 2002: 76)

    Briggs & Burke (2002) plantean que la función social de los medios de comunicación consiste en una tríada compuesta por la información, la educación y el e0cmntretenimiento. El presente trabajo se centra en la información y la educación. Ambos son reconocidos comúnmente dentro de los objetivos de los medios de comunicación social, y se plantea que las labores informativa y educativa deben estar mutuamente implicadas (Martínez, 1997; Núñez Ladevéze, 1995; Wagner, 2000; Warren, 1975). En el contexto de nuestra democracia, estos dos aspectos de la comunicación social constituyeron el rol principal para los años posteriores a la dictadura gomecista.

1.1. Los comienzos: la legitimación de la democracia

    Con la muerte de Juan Vicente Gómez se abrió espacio para el debate ideológico a nivel público en Venezuela, aunque con limitaciones propias de los gobiernos militares. Durante el final de la década de los 30 y los años de la década siguiente, los medios de comunicación se convirtieron en escenario del debate, según Álvarez (1990):

“La temática del debate era variada y candente: las libertades públicas, el derecho a organizar partidos, las garantías para la vida sindical y para la huelga como recurso de los trabajadores, la enseñanza laica, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, el comunismo, el sufragio universal directo y secreto.” (Álvarez, 1990: 36)

    En este sentido, la actuación de los medios estuvo encaminada hacia el cumplimiento de su función, que fue “habituar a una población sin costumbres democráticas a vivir en medio de la contienda de las ideas” (Álvarez, 1990: 37). El impacto de los medios sobre el escenario político iba en aumento, cuando se marcó un hito mediante la creación de la Escuela de Periodismo en la Universidad Central de Venezuela, el 24 de octubre de 1946 por decreto de Rómulo Betancourt, presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces. Sin embargo, la discusión fue silenciada de golpe, el 24 de noviembre de 1948, cuando un grupo de militares liderados por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez derrocaron al gobierno de Rómulo Gallegos, el primer gobierno electo por voto universal, directo y secreto de la historia venezolana, que apenas duró 9 meses. Durante los próximos 10 años, como es sabido, Venezuela vivió su última dictadura militar.

Con la caída de Marcos Pérez Jiménez se instaló nuevamente la democracia, luego de un proceso de transición liderado por la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazábal. La participación de los medios de comunicación social en la lucha  en contra de la dictadura fue particularmente resaltante, siendo la huelga de prensa dirigida por editores y periodistas, el 21 de enero de 1958, el primer paso de la conspiración diseñada para derrocar a la dictadura de Pérez Jiménez, el cual consistió en la ironización, a través de la acción, de lo que era afirmado sistemáticamente por los organismos de información y propaganda: la normalidad; la cual, ante la ausencia de periódico en la mañana, quedó puesta en duda (Álvarez, 1990; Díaz Rangel, 1986)

    Iniciada la era democrática, los medios de comunicación gozaron de nuevas libertades; pero también de nuevas restricciones. De esta manera, participaron en la consolidación de la democracia, trabajando en la difícil tarea de modificar el valor del ejercicio político y del debate ideológico, considerado durante la dictadura como un acto de los “malos patriotas” (Álvarez, 1990).

    Durante la década de los 60 y 70, los medios de comunicación venezolanos  cobraron importancia paulatinamente en el escenario político, aunque su poder fue limitado y tímidamente utilizado, en relación a la actualidad. El desarrollo de nuevas tecnologías, así como la consolidación de la televisión como medio preferido, produjeron una serie de reacomodos que modificaron el funcionamiento de la prensa, tanto a nivel nacional como internacional, la cual cambió radicalmente para adaptarse a las nuevas exigencias impuestas por la pantalla chica (Álvarez, 1987; Borderia Ortiz; Laguna Platero & Martínez Gallego, 1998; Dragnic, 1999)

    De esta forma, la prensa comenzó a importar las respuestas dadas a estos problemas en Estados Unidos (Dragnic, 1999), que con USA Today abrió un nuevo capítulo en la historia de la prensa (Álvarez, 1987; Borderia & cols., 1998).  La nueva prensa que nació en la década de los 70 aumentó el contenido de imágenes significativamente, simplificando los contenidos, reduciendo la complejidad de la información, modificando radicalmente la configuración del periódico para adaptarse a la preponderancia de la televisión (Dragnic, 1999). Hasta el presente, ese modelo ha permitido sobrevivir a la prensa, sumado a innovaciones que los alejan progresivamente de la focalización en el periódico, para generar una diversificación creciente hacia revistas, libros y suplementos[2], los cuales permiten la oportunidad de obtener mayor financiamiento, gracias a la publicidad dirigida a públicos cada vez más específicos, comportamiento adecuado al de los mercados de las sociedades post industriales, los cuales requieren un consumidor diversificado.  

    Por otro lado, la prensa de provincia durante la misma década de los 70 recibió un impulso importante por parte del poder financiero, el cual se encontraba en un buen momento gracias a lo que se ha denominado comúnmente la bonanza petrolera (Dragnic, 1999). El surgimiento de la prensa de provincia, que posteriormente fue acompañado por radioemisoras y televisoras regionales, contribuyó a la descentralización política, la cual sigue en proceso (Álvarez, 1992; Dragnic, 1999).

    En la década de los 80, la prensa mostró un cambio en sus contenidos respecto a los de la década anterior, cambio que fue signo y respuesta al mismo tiempo del inicio de una etapa crítica para el país, como expone Dragnic (1999):

“En los medios impresos, aún aquellos que tradicionalmente habían sido ejemplo de un periodismo serio, se impuso el empleo cada vez más profuso del color, diagramación audaz, títulos llamativos, aunque sufran en exactitud, y la profusión de temas superficiales como destinados a atrapar a un lector más proclive a buscar evasión que explicaciones para las difíciles circunstancias que en ese período le tocó vivir.” (Dragnic, 1999: 56)

    Luego, en la década de los 90 se inicia una nueva era para el periodismo venezolano, no como al nivel de la década de los 80 con la simplificación de los contenidos, sino más bien en respuesta a las dificultades sociopolíticas y económicas confrontadas en el país durante los años 90.

1.2. La denuncia cotidiana: La democracia en duda

    La década de los 90 marcó la ruptura con la época de una Venezuela predominantemente de clase media, la cual luego de los gobiernos de Herrera Campíns, Lusinchi y Carlos Andrés Pérez se convirtió en un país de marcadas diferencias entre pobres y ricos, luego del fracaso de las políticas económicas (Caballero, 2000). Años de corrupción sembraron la semilla de la decepción y la frustración en la población, lo cual desencadenó en la protesta callejera y la búsqueda de la sociedad civil por una alternativa a la política bipartidista en decadencia (Koeneke, 2000; Lander, 1995). En definitiva, las políticas económicas demagógicas diseñadas al corto plazo, junto con los altos niveles de corrupción prepararon el suelo para la caída de la ilusión de un país cuya riqueza daba para todos (Barrios, 2004).

    A la par de la crisis económica y sociopolítica manifestada el 27 de febrero de 1989, los medios de comunicación social rompieron con el modelo frívolo de los años 80 e iniciaron la fase de denuncia, que incidió de manera significativa sobre la pérdida de sentido del sistema político bipartidista, mientras el aborrecimiento de la democracia comenzaba a hacerse un sentimiento cada vez más común y razonable (Caballero, 1998), produciendo lo que fue reconocido como una crisis de gobernabilidad (Marta Sosa, 1998).

    La denuncia permanente pero sin ser llevada a sus últimas consecuencias legales produjo desasosiego e impunidad (Díaz Rangel, 1986; Dragnic, 1999). La denuncia solía quedarse en la noticia, en reportajes breves; pero en general, no fue profundizada con la investigación periodística suficiente, lo cual nos hace reflexionar respecto a los fines de la denuncia, que podría considerarse como un espectáculo. En definitiva, lo que podría considerarse como el efecto colateral de la denuncia, la decepción, se convirtió en el principal de los efectos, por lo cual, una buena parte de la responsabilidad sobre la crisis del sistema democrático en curso hasta hace pocos años, es atribuida a los medios de comunicación (Díaz Rangel, 1986; Dragnic, 2002; Poleo, 2002; Restrepo, 2003). Sin embargo, como dice Poleo (2002): “Con la ola de opinión demonizadora de los partidos y de los políticos, el periodismo castigaba a los culpables por el deterioro de la ética de Estado, pero también consolidaba la propia importancia” (Poleo, 2002: 41). De esta forma, los medios de comunicación social se fueron configurando cada vez más como un poder emergente en el ámbito político, de manera que la sociedad venezolana, a principios del presente siglo ya es considerada una sociedad massmediática (Bisbal, 2000; 2001; 2002).

    En este contexto, el actual presidente, Hugo Chávez Frías, se convierte en candidato presidencial. Los medios de comunicación social no tardaron en presentarlo como una alternativa al sistema político que ellos contribuyeron a desarmar. De esta manera, en diciembre de 1998, Chávez es electo Presidente de la República, usando como bandera un proyecto de país enmarcado, al principio, en la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez electo, la relación entre el Presidente y los medios comenzó a deteriorarse hasta llegar a la agresión verbal mutua (Díaz Rangel, 2002; Villegas Poljak, 2002). Así se intensifica la participación de los medios de comunicación social en el conflicto sociopolítico actual.

1.3.          El conflicto sociopolítico: Lo actual y lo posible

“los medios no son sólo narradores o comentaristas del conflicto, son también participantes del mismo conflicto político” (Bisbal, 2002: 124)

    Un ejemplo de reciente data, en relación al comportamiento de los medios respecto a los asuntos relevantes de la Sociedad, es La Guarimba[3] la cual constituye un evento resaltante, debido a la diversidad de puntos de vista que circularon en los medios de comunicación social respecto a sus motivos, efectos e incl0cmusive su justificación. La Guarimba fue, ante todo, un evento mediático, en el cual los medios de comunicación incidieron sobre lo real (Bisbal, 2000; 2002). Por ello, esta afirmación no le quita solidez a su ocurrencia, sino que al contrario, pretende reconocer su carácter profundo, pero al mismo tiempo volátil y perecedero de los fenómenos mediáticos (Wolf, 1991; 1994)

    La crítica más común realizada a los periodistas y a los medios en general, es la pérdida de la objetividad (Antillano, 2002; Bisbal, 2002; Correa; 2002, Díaz Rangel, 2002; Dragnic, 2002; Madriz, 2001; Poleo, 2002; Villegas Poljak, 2002). Por un lado, se intenta explicar dicho fenómeno mediante un psicologismo, reduciendo el problema a una diatriba basada en las emociones e intereses individuales, por ejemplo: que el conflicto entre los medios y el Presidente de la República se debe a la “antipatía personal y emocional entre el Presidente y los periodistas” (Abreu Sojo, 2002) o que “los medios sucumbieron sin mayor esfuerzo porque priorizaron la dimensión afectiva-emocional de todo acto comunicacional” (Bisbal, 2002). Esto coincide con el planteamiento de que la forma de prevenir cualquier disfunción de los medios de comunicación social es mediante la calidad individual de cada uno de los periodistas, como señala Zago (2002): “La calidad del trabajo ha servido para afianzar la profesión y evitar que ciertos intereses empresariales metan la mano en el ejercicio profesional” (Zago, 2002: 64) la cual, a su vez, está vinculada con la dependencia, cada vez mayor, del periodismo respecto a los lectores, radioescuchas y televidentes (Zago, 2002).

    Pero, ¿qué pasaría si los periodistas son falibles en su interpretación de las necesidades del público?, ¿qué pasaría si los medios de comunicación se convirtiesen en un elemento táctico de confrontación entre la oposición y el gobierno? Entonces, la explicación basada en la afectividad de los actores no resulta tan relevante como establecer qué han hecho los medios de comunicación social en la actual coyuntura sociopolítica.

    En primer lugar, ante la escasez de alternativas políticas sólidas que representen a los ciudadanos opositores al actual gobierno, los medios de comunicación social privados están ju0cmgando el papel que habían desempeñado tradicionalmente los partidos políticos (Abreu Sojo, 2002; Bisbal, 2002; Poleo, 2002). En contraposición, el Gobierno ha empleado las cadenas presidenciales, y al canal televisivo del Estado  con una frecuencia considerada excesiva, la cual apuntaba hacia la competencia por el poder sobre la transmisión desde los medios radioeléctricos (Abreu Sojo, 2002; Cañizales, 2002; Colina, 2002; Díaz Rangel, 2002; Jaimes, 2002; Poleo, 2002). 

    En este sentido, podemos concordar junto a Bisbal (2000) que: “estamos en el centro de una sociedad mediática, y en este tipo de sociedad la actualidad, como dato de lo real, existe en y por los medios” (Bisbal, 2000: 53), en este sentido “los medios se convirtieron en la caja de resonancia a donde fueron a parar los conflictos y sus consecuencias, pero no se convirtieron en la caja de resonancia de las posibles salidas al conflicto y mucho menos fueron capaces de mostrarnos las alternativas viables, vinieran éstas de donde vinieran” (Bisbal, 2002: 134).

2.            La libertad de prensa e información

“Para la doctrina liberal, la existencia de una prensa libre y pluralista es condición indispensable para la vigencia de la democracia. La circulación de las ideas y el flujo de las informaciones constituyen la atmósfera vital del sistema político.” (Álvarez, 1990: 2)

    Se acusa a los medios de ser tendenciosos y parcializados, mientras estos responden a veces con la negación, en otras ocasiones establecen la imposibilidad de lograr la objetividad. Esta polémica, junto con la relación particular que han tenido con el presente gobierno, ha puesto sobre la mesa la discusión acerca de la libertad de expresión y la tríada Medios, Estado y Sociedad, junto con el alcance político del poder económico de las corporaciones.

2.1. Estado

    Se ha planteado que la existencia de una prensa libre y plural es fundamental para la democracia, mientras que las restricciones de la libertad de prensa es un fenómeno característico de la dictadura (Álvarez, 1990; Díaz Rangel, 2002). Sin embargo, la llegada de la democracia con el gobierno de Rómulo Betancourt estableció una transformación de las restricciones existentes durante los gobiernos dictatoriales previos, no una supresión de las mismas. Por ello se plantea, que los gobiernos democráticos venezolanos han mantenido una tradición agresiva contra la libertad de prensa, particularmente contra los medios de comunicación social (Álvarez, 1990; Díaz Rangel, 2002). De hecho, en varias ocasiones, las clausuras de diarios, suspensiones a revistas, allanamientos, decomisos, confiscaciones, censura y juicios a periodistas fueron prácticas comunes a los gobiernos de la era democrática venezolana (Álvarez, 1990; Díaz Rangel, 2002), lo cual permite decir que las relaciones entre los medios y el Estado se han caracterizado por una tensión sutil; pero persistente en cada uno de los gobiernos.

    Sin embargo, Dragnic (1999) afirma que los gobiernos democráticos de la década de los 70, manifestaron preocupación por la tendencia hacia la homogeneización de la información y la concentración del poder mediático en unos pocos grupos empresariales, al mismo tiempo:

“Para contrarrestar las estructuras hegemónicas y verticales propias de la gran empresa periodística surge un nuevo concepto de trabajo informativo. Fue la experiencia de la llamada "prensa alternativa", como posibilidad de realizar una comunicación horizontal y participativa, promovida y sostenida por grupos sociales identificados por sus condiciones de vida y de trabajo o por las actividades de tipo cultural.” (Dragnic, 1999: 54)

    Estos esfuerzos fueron debilitados prontamente por los cambios económicos dados a principios de los años 80, cuando la devaluación de la moneda nacional impacta con una fuerza incontenible a los pequeños medios nacientes, fortaleciéndose la hegemonía de las grandes empresas que fueron las únicas capaces de soportar las presiones económicas provocadas a partir del viernes negro, durante el gobierno de Luis Herrera Campíns (Dragnic, 1999)

    Algunos autores usan como ejemplo de restricción sostenida de la libertad de prensa e información el gobierno de Jaime Lusinchi, durante el cual se impusieron serias restricciones a la prensa mediante la asignación de las divisas internacionales a través del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI). Esta forma de control permitía que el gobierno tuviera el poder de autorizar a voluntad las divisas necesarias para la compra de materiales importados con regularidad por las empresas periodísticas, lo cual produjo la autocensura más dramática de la historia nacional. (Álvarez, 1990; Díaz Rangel, 2002; Dragnic, 1999)

    Aún cuando existe una tradición conflictiva entre los gobiernos anteriores y los medios, la diatriba con el actual gobierno se considera excepcional. Los medios no habían sido objeto de protestas por parte de los partidarios de gobierno alguno, hasta el 7 de enero de 2002, cuando simpatizantes del partido oficialista Movimiento Quinta República (MVR) manifestaron frente al edificio de El Nacional, luego de que el presidente Chávez criticara duramente al periódico en su programa radial y televisivo “Aló, presidente” (Cañizales, 2002). Sin embargo, lo que resultó más preocupante fue el ataque realizado, el 31 de enero del mismo año, al edificio del diario Así es la Noticia con un explosivo de bajo impacto.

    Ante esta situación, Roberto Cox, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en aquel momento, emitió declaraciones donde planteó que “no se puede decir que hay libertad de información ni de prensa si los periodistas están trabajando permanentemente bajo amenazas y con miedo” (Cañizales, 2002). Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunció su rechazo, específicamente, a la manifestación realizada frente a la sede de El Nacional (Cañizales, 2002). Junto a estos eventos particulares, la frecuencia y duración de las alocuciones presidenciales por radio y televisión, calificado como excesivas, ha sido interpretado como una estrategia diseñada para restringir la libertad de información (Abreu Sojo, 2002; Cañizales, 2002; Colina, 2002; Díaz Rangel, 2002; Poleo, 2002).

    La polémica más reciente respecto a las restricciones impuestas por el Estado a los medios de comunicación está vinculada con la  Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE), promulgada en diciembre de 2004, la cual establece un marco legal que regula la actuación de esos servicios y demás actores vinculados como: “los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2004: 1). Mientras que los voceros de los medios de comunicación social plantean que la Ley es anticonstitucional, el Gobierno mantiene que es legítima y necesaria.

2.2. Medios

    Sin embargo, los medios de comunicación social fueron todo menos víctimas pasivas de los ataques del gobierno. Y esto, si se ve en perspectiva, es también excepcional. Durante los anteriores períodos democráticos la protesta por parte de los medios contra las restricciones impuestas por el Estado fueron débiles y poco coordinadas (Díaz Rangel, 2002). Particularmente notable fue la reacción ante  la censura establecida durante el gobierno de Rómulo Betancourt, el 6 de junio de 1962, mediante decreto del Ministerio de Relaciones Interiores, el cual decía:

“Se ordena que todas las publicaciones del país, sea cual fuere su naturaleza, se abstengan  de dar informaciones relacionadas con el orden público... sin consultar previamente con los funcionarios designados al efecto por este Despacho, o por las respectivas gobernaciones de Estado” (Díaz Rangel, 2002: 26).

    No es necesario describir la reacción que podríamos esperar ante un decreto como éste de haber ocurrido durante los últimos años, pero en aquel momento, inclusive la respuesta desde la Cámara de Diputados del Congreso no tuvo mayor impacto. Ni siquiera se publicó en toda la prensa el comunicado emitido por la Cámara y la SIP prosiguió con lo que había sido una tradición silente durante la dictadura y casi toda nuestra democracia (Díaz Rangel, 2002; Poleo, 2002; Villegas Poljak, 2002), hasta las elecciones de 1998 al considerar al entonces candidato, ahora presidente Hugo Chávez y su proyecto de gobierno, como una amenaza a la libertad de prensa e información. (Díaz Rangel, 2002; Poleo, 2002)

    Por un lado, es importante recordar que la libertad de información y de prensa no es un derecho exclusivo de las corporaciones y los periodistas, sino de todos los ciudadanos que participan en la sociedad. Por ello, sería negligente dejar a un lado el peligro que constituyen para la pluralidad de la información y, por ende, de la libertad de prensa y de información las estructuras hegemónicas tradicionales de los grandes medios de comunicación nacional e internacional. Por otro lado, está el alcance político que pueden llegar a tener quienes financian a los medios. En la década de los 70, en nuestro país, se dio una demostración clara de este poder “cuando Sears Roebuck de Venezuela y la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) decidieron boicotear a El Nacional retirándole la publicidad, con el pretexto de que ese diario respondía a las directivas de Fidel Castro” (Álvarez, 1990:10).

    Existe una forma más sutil de control, que tiene que ver con los criterios del mercadeo (Álvarez, 1990). Los medios participan en una dinámica de comercialización, donde su capacidad para obtener financiamiento proviene de las características de sus secciones, lo cual establece que ciertos tipos de personas, clasificados por su edad, clase social, género, poder adquisitivo, nivel educativo, etc., son los lectores óptimos, en palabras de Adriana Bolívar (1994), de algunos editoriales e informaciones. Esto, por un lado, implica la conjugación de razones económicas con la selección, al menos implícita, de las informaciones y puntos de vista que se dan a conocer, y cómo se dan a conocer, que sean adecuadas para el segmento apropiado del público consumidor. En definitiva, esto es lo que suele denominarse línea editorial, como dicen Bosc-Bierne de Oteyza y Tablante (2002):

“Llamamos línea editorial al criterio de jerarquización y valoración de ciertas informaciones y juicios según una tendencia o idea general que el periódico sostiene. Esta idea general se deriva de una visión política particular y tiende a proponer un modelo de funcionamiento de la sociedad. En este sentido, sería posible afirmar que un periódico tiene el poder de legitimar o no ante su público lector políticas, posturas o personas en función del marco de referencia establecido por su línea editorial.” (Bosc-Bierne de Oteyza y Tablante, 2002: 68)

    En este sentido, la propuesta de dicho modelo para el funcionamiento de la sociedad está enmarcada en la lógica del mercado, la cual orienta en mayor o menor medida los criterios que Bosc-Bierne de Oteyza y Tablante (2002) atribuyen a “una tendencia o idea general que el periódico sostiene”. Esto debido a que las empresas editoriales deben mantener consonancia con los intereses de sus anunciantes, a fin de recibir el financiamiento necesario para lograr sus objetivos económicos.

2.3. Sociedad

“una vez que se consolidan las democracias modernas y se resguarda la libertad de expresión constitucionalmente, los medios periodísticos comenzaron a percibir ese concepto y el del derecho a la información en términos de su exclusiva incumbencia” (Dragnic, 2002: 79)

    Durante cualquier duelo entre el Estado y los medios de comunicación social, quien suele ganar menos es la Sociedad, a quienes el Estado y los Medios deberían servir. En principio, la confrontación entre ambos poderes constituye una de las caras más perversas de la actual coyuntura sociopolítica venezolana.

    Cabe pensar que los principales afectados por el incumplimiento del deber de los medios de comunicación, bien sea por restricciones impuestas por el Estado, intereses económicos de los grupos económicos propietarios o simplemente por el ejercicio inadecuado de la profesión de individuos específicos, somos los ciudadanos integrantes de la sociedad venezolana y las relaciones que la constituyen. En este sentido, si bien la línea expositiva que he desarrollado hasta ahora sobre la libertad de prensa e información se ha enfocado en las acciones realizadas por el Estado y los Medios durante las últimas décadas, en el presente apartado establezco algunos puntos clave respecto a la Sociedad frente a los medios de comunicación social y al Estado en la actual coyuntura sociopolítica.

    Recordemos el 31 de enero de 2003. Ese día se llevó a cabo una marcha opositora  al gobierno, donde participaron miles de personas. Las imágenes publicadas en la galería digital de El Nacional muestran avenidas repletas e innumerables personas ondeando la bandera de Venezuela. Esta marcha fue denominada “Con mis medios no te metas”. Si analizamos brevemente esta frase, podemos plantear que existen otros medios que no pertenecen a los ciudadanos que conforman el movimiento de oposición contra el Gobierno actual, un ejemplo de tales medios sería el canal del Estado, comúnmente conocido como el canal 8, que paradójicamente tiene como consigna “El canal de todos los venezolanos”.

    La división que se interpreta en esta marcha y en la frase que le identifica expone lo que se ha convertido en una práctica cotidiana de los medios privados por una parte, y de los medios del Estado por el otro: Los venezolanos no hablamos unos con otros sino de los demás entre nosotros. Las prácticas discursivas que giran en torno a esta separación, trabajadas en detalle por Sananes (2005), han generado, como se ha dicho anteriormente, que el papel de los medios en el conflicto sociopolítico que vive Venezuela sea el de componente de las partes beligerantes en lugar de partes mediadoras del conflicto.

    En este sentido, como plantea Villegas Poljak (2002), los medios estatales no deben servir a gobiernos, así como los privados deben tomar en cuenta e incluir a todos los sectores de la sociedad civil. Más allá de los criterios del mercado y del poder de influir sobre la ciudadanía a través de los medios, nosotros, los miembros de la sociedad tenemos derecho a exigir que en una situación como la que vivimos, los medios no sean los míos sino los nuestros. En la medida en que los medios estatales y privados dejen de ser componentes tácticos de la disputa o agentes interesados en una cuota de poder, la posibilidad del disfrute y uso de una esfera pública más tolerante y democrática sería posible y, por ende, la libertad de expresión e información tendría una nueva y mejor oportunidad.

    A este respecto cabe señalar que la responsabilidad de los medios de comunicación social y el Estado, en materia informativa, está claramente definida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  expresada en los artículos 57 y 58:

“Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado (...)

Artículo 58: La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución (...)” (Asamblea Nacional Constituyente, 2000: 54)

    Los fragmentos de los artículos arriba presentados están configurados a partir de los ejes de derechos y deberes, reconocibles con bastante facilidad en texto constitucional. Su propuesta se orienta hacia el ejercicio de un derecho que genera responsabilidades. El derecho a expresarse libremente y el derecho a estar informado. Sin embargo, la caracterización que se establece respecto a la información como “oportuna, veraz e imparcial” (ibid.) tiene un significado político interesante, que denota en cierta forma, el carácter político de lo epistémico, el cual se puede presentar, a manera de cierre.

3.            La posibilidad de la objetividad y el carácter político de lo epistémico

    Cuando se presentó la discusión respecto al significado preciso de las palabras oportuna, veraz e imparcial, en el ámbito público, a través de los medios de comunicación, en la víspera de la aprobación de la Ley RESORTE, la discusión estaba fuertemente impregnada por las tensiones en las relaciones recientes entre los medios de comunicación y el Gobierno. Pero esto no debe guiarnos hacia una interpretación sincrónica de los eventos, el debate que se produjo, con respecto a la precisión del lenguaje tiene que ver con el entrecruzamiento de dos aspectos del mismo.

    El primer aspecto lo constituye la visión tradicional que le atribuye al lenguaje la propiedad de transmitir información, la cual entiende la comunicación como un proceso mecánico de envío y recepción de mensajes. Esta perspectiva del lenguaje, está implicada visiblemente en la discusión respecto a precisiones terminológicas. Cuando se pretende conocer el significado preciso de cualquier término se pretende restringir el ámbito de posibles interpretaciones, esta pretensión no es otra, que la de la objetividad. Por ello, si bien no es el propósito de este ensayo, proponer una visión que se oponga a la visión objetivista de la interpretación y discusión del marco legal de regulación de los medios de comunicación social, si considero pertinente establecer que la discusión está arraigada a una visión del lenguaje que es discutible y que puede traer como consecuencia precisiones interesadas, orientadas a los intereses de las partes políticas más poderosas, sin que, necesariamente, sea la verdad un logro posible.

    El segundo aspecto, parte de las definiciones que se impongan al respecto, las consecuencias prácticas no son nada ambiguas. La vigilancia, censura y autocensura, la administración temerosa de los discursos, así como la deslegitimación de la institución mediática entran en juego. Las responsabilidades que se distribuyen, soezmente, en torno a quién viola o respeta más reglas, quién propone e impone, coloca, como ya hemos planteado, a la ciudadanía en un escenario desolado de libertades. Por un lado, el uso de interpretaciones interesadas como verdades por parte del Estado, pueden traer como consecuencia la persecución y encarcelamiento de los periodistas “disidentes”, mientras que, por otro lado, la victimización autoinflingida de una institución como la mediática, que 0cmestá lejos de ser un David frente a un Goliat, presentándose como un héroe que tiene todas las de perder, mientras se solidifica como propietario único de la libertad de expresión. Esto nos provee un espectáculo interesante como tragedia; pero no nos ofrece ni una mejor democracia, ni una mejor institución emblemática de la libertad de expresión, ni un ente que se hace responsable del poder de construir realidades, esperanza y dar voz a proyectos y alternativas de país. Estas ausencias, estas exclusiones, sustituidas por un espectáculo patético, quedan expuestas en las pantallas, el papel y el reproductor. Las responsabilidades no están distribuidas claramente, pero algo es cierto, pronunciarse es más una apertura, que una clausura.

Referencias bibliográficas

Abreu Sojo, I. (2002) Los medios de comunicación social y Hugo Chávez: relaciones   peligrosas. En: Tremamunno, M (ed.) (2002) Chávez y los medios de           comunicación social. Caracas: Alfadil

Álvarez, F. (1990) Treinta años de periodismo en democracia. Anuario ININCO 1 (3): 31-52 

Álvarez, J. T. (1987) Historia y modelos de comunicación del siglo XX. Barcelona: Ariel

Antillano, P. (2002) El periodismo venezolano sucumbe a la política. Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 3 (119): 22 - 28

Asamblea Nacional Constituyente (2000) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2004) Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Disponible en: www.mre.gov.ve/Noticias/LeyResorte [2/08/05]

Barrios, L. (2004) La clase media sale del paraíso. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 10 (2): 155-161

Bisbal, M. (2000) El observador observado o la realidad mediada por los medios y los periodistas. Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 3 (111): 50 - 57

Bisbal, M. (2001) Política, cultura y comunicación ¿una relación actual y necesaria? Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 4 (116): 10 - 15

Bisbal, M. (2002) El dilema de los medios y los comunicadores – o armando el rompecabezas –. En: Tremamunno, M (ed.) (2002) Chávez y los medios de comunicación social. Caracas: Alfadil

Bolívar, A. (1994) Discurso e interacción en el texto escrito. Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Universidad Central de Venezuela.

Borderia, E.; Laguna, A. & Martínez, F. A. (1998) Historia de la comunicación social. Voces, registros y conciencias. Madrid: Síntesis

Bosc-Bierne, C. & Tablante, L. (2002) La línea editorial de los periódicos El Universal y El Nacional entre el 7 y el 15 de abril. Anuario ININCO 1 (14): 61-108

Briggs, A. & Burke, P (2002) De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación. Madrid: Taurus

Caballero, M. (1998) Una carta, una reflexión y una propuesta. En: (Autores varios) Comprensión de nuestra democracia (40 años de historia venezolana). Caracas: Fondo Editorial Contraloría General de la República

Caballero, M. (2000) La Gestión de Hugo Chávez. 40 años de luces y sombras en la democracia venezolana. Caracas: Catarata

Cañizales, A. (2002) Meses de conflictividad en el 2002. Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 3 (119): 16 - 21

Colina, C. (2002) Anomia comunicacional. Anuario ININCO 1 (14): 119-130

Correa, C. (2002) El periodismo y la crisis de abril. Anuario ININCO 1 (14): 109-118

Díaz Rangel, E. (1988) (coord.) 40 años de comunicación social en Venezuela: 1946 – 1986. Caracas: Escuela de Comunicación Social. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela

Díaz Rangel, E. (2002) Fragmento de un discurso. En: Tremamunno, M (ed.) (2002) Chávez y los medios de comunicación social. Caracas: Alfadil

Dragnic, O. (1999) Del entusiasmo a la expectativa. 25 años de periodismo venezolano. Anuario ININCO 1 (10): 47-70

Dragnic, O. (2002) Los periodistas. ¿Víctimas o victimarios? Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 3 (119): 72 – 81

Jaimes, H. (2002) Medios y destellos de racismo. Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación 3 (119): 38-45

Koeneke R., H. (2000) Participación política y social en la Venezuela finisecular: factores político-institucionales y motivacionales en la participación y la apatía ciudadana. Cuadernos del CENDES 17 (45): 123-133

Madriz, M. (2001) Un día en la prensa de circulación nacional. Anuario ININCO 1 (13): 165-214

Marta Sosa, J. (1998) Sin Estado la gobernabilidad democrática es imposible. En: (Autores varios) Comprensión de nuestra democracia (40 años de historia venezolana). Caracas: Fondo Editorial Contraloría General de la República

Martínez, J. L. (1997) Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo

Núñez Ladevéze, L. (1995) Introducción al periodismo escrito. Barcelona: Ariel

Poleo, R. (2002) Los medios de comunicación como factor de poder en el proceso venezolano. En: Tremamunno, M (ed.) (2002) Chávez y los medios de comunicación social. Caracas:  Alfadil

Restrepo, J. D. (2003) Periodismo entre la crisis y la esperanza. Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación, 1 (121): 18 – 23

Sananes, L. (2005) Entre nosotros: Aproximación psico-social a las prácticas discursivas de Exclusión y Autoexclusión en la actual coyuntura sociopolítica venezolana. Escuela de Psicología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela: Caracas.

Villegas Poljak, V. (2002) Medios vs. Chávez: la lucha continúa. En: Tremamunno, M (ed.) (2002) Chávez y los medios de comunicación social. Alfadil Ediciones: Caracas

Wagner, C. (2000) Déjame que te cuente: Los géneros periodísticos y su ética profesional. Trillas: México

Warren, C. (1975) Géneros periodísticos informativos. Nueva enciclopedia de la noticia. A.T.E: Barcelona

Wolf, M. (1991) La investigación de los medios de comunicación de masas. Paidós Ibérica: Barcelona

Wolf, M. (1994) Los efectos sociales de los medios. Paidós: Barcelona

Zago, A. (2002) Chávez y los medios de comunicación venezolanos. En: Tremamunno, M. (Ed.) (2002) Chávez y los medios de comunicación social. Alfadil Ediciones: Caracas