Notas Sobre Mitología Constitucional... (Parte II)

Este texto formará parte de un libro homenaje al desaparecido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Boris Bunimov-Parra, con motivo del primer aniversario de su muerte. La fecha prevista de edición es diciembre de 2005

 

Por:

Carlos Raúl Hernández

Doctor en Sociología de la Universidad Central de Venezuela

Master en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela

carlosraulhernandez@hotmail.com

 

IV.  DEL DEBATE FILOSÓFICO A LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICO  REPRESENTATIVA.

  

El debate sobre las categorías que fundan la civilización política actual soberanía, voluntad general, nación, pueblo, Estado, en la teoría política contemporánea - la rama que no se deriva de la tradición gradualista anglosajona, escasa en revoluciones - tiene dos grandes momentos históricos, cuyos límites los fija la aprobación de la inaugural Constitución Francesa de la contemporaneidad en 1791. El primero corresponde a una etapa de construcción de nuevas teorías políticas racionales por los pensadores de la Ilustración,  debate filosófico realizado en el corazón del Absolutismo. Se produce cuando las fuerzas revolucionarias eran opositoras, subversivas, refugiadas en la vida moral frente al poder político absolutista, aún cuando su poder intelectual ya tenía influencia colectiva. El segundo tiene lugar cuando el movimiento revolucionario se convierte en gobierno y baja a las realidades prácticas de la política con la creación del Estado Constitucional propiamente dicho. Más allá de las varias periodizaciones del proceso, resaltaremos esas dos instancias analíticas  fundamentales, aun cuando corresponden al mismo proceso revolucionario. De  un designio divino que residía en el rey - como decían ideólogos de las monarquías antiguas, algunos medievales y los del Absolutismo - la soberanía pasó a ser el atributo esencial de la comunidad, el poder popular, al que se le asigna ahora una supremacía total, por encima de cualquier gobernante, ley o constitución[1]. Cuando Rousseau y Sieyés usan el término soberano para referirse a lo que podríamos llamar la comunidad, realizan un desplazamiento abismal, un despojo histórico de los anteriores soberanos, los reyes. El dominio del nuevo titular de la soberanía, la nación, es tan omnímodo que ni él mismo puede limitarse, tal como antes los monarcas

 

...y por tanto, que es contrario a la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no pueda infringir... de donde no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera el contrato social.[2]

 

más adelante

 

De igual modo que la naturaleza da a cada hombre poder absoluto sobre sus miembros,  así el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todo lo suyo. Ese mismo poder es el que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía[3].

 

Coincide  esta definición rousseauniana de soberanía con la creada por el oráculo de la Revolución, el abate Sieyés, clérigo de la ciudad de Chartres.

 

Sería ridículo suponer que la nación se ate con las formalidades de una constitución con la que ella someta a los ciudadanos... La nación se forma solamente por el derecho natural. El gobierno, por el contrario, no puede sostenerse sino en el derecho positivo[4].

 

Es comprensible que para Rousseau, fallecido en 1778, trece años antes de que en Francia se contruyera el primer sistema constitucional revolucionario europeo, sea “… contrario a la naturaleza del cuerpo político que exista una ley que el soberano no pueda infringir”. Para Sieyés en esa etapa de su pensamiento la Nación, el pueblo, es producto del derecho natural mientras el gobierno (y las leyes que lo crean y regulan) es de derecho positivo. La primera es obra de Dios y el segundo del hombre y éste es impotente frente a aquél. La voluntad humana expresada por el gobierno civil, no podría en ningún caso sobreponerse a la voluntad divina y al derecho natural. Con el objeto de  liquidar  las bases filosóficas del poder divino de los reyes, Rousseau procede prácticamente a divinizar la voluntad general, la voluntad del pueblo, pasando así comprensiblemente de un absoluto a otro absoluto[5]. A pesar de la aparente anfibología de sus ideas, esta es una veta de su pensamiento que da origen al radicalismo revolucionario de la modernidad madura: la necesidad de que el pueblo ejerza el poder por sus propias manos, ya que cualquier representación no es más que una usurpación que mediatiza la soberanía con imposibles criterios representativos. Ese el punto de apoyo de la democracia directa. Esa es una de las principales influencias de Rousseau en el pensamiento revolucionario y más tarde Marx sistemáticamente ridiculiza la idea de una democracia representativa, simple instrumento de dominación. Es una noción de soberanía,  poder sin restricciones ni sometimiento a leyes, no del pueblo, sino de una metafísica de pueblo, usada para proponer una dictadura. Valdría la pena preguntarse entonces: ¿es la soberanía  (o la voluntad general) una categoría histórica o una categoría lógica? ¿Ha existido algún orden  social en el cual el poder haya sido ejercido directamente por el pueblo? Cuando decimos orden social hablamos de una situación estable, permanente, no de un episodio efímero o fortuito, un caos colectivo en el que las turbas actúan sin atención a la ley. Si se respondiera afirmativamente a la pregunta, diríamos que posiblemente existió algo lejanamente parecido a la soberanía originaria en las ciudades griegas durante el siglo V.a.C. De resto sería demasiado difícil encontrarlo, a no ser los momentos dramáticos y fulgurantes de una insurrección, como podrían ser la toma de la Bastilla el 14 de julio, la semana subsiguiente  del asalto al poder por los bolcheviques, el día de la entrada de Fidel Castro en La Habana, o el 23 de enero de 1958 en Venezuela. Sólo en tales episodios - y en otros como esos - no hay ni puede haber ninguna especie de ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera el contrato social, como diría Rousseau. Eso es tan cierto como que con gran frecuencia esos fogonazos de realización democrática directa, esencial, han estado acompañados por linchamientos, saqueos, violación de derechos humanos y demás expresiones delictivas, parados en seco por entronizaciones autoritarias o por el establecimiento de sistemas constitucionales. El ejercicio de la democracia directa suele estar identificado en la memoria histórica con situaciones de horror que no debieran repetirse.

 

A partir del nacimiento del pacto de convivencia inviolable que establece la constitución, la soberanía popular es entonces una categoría lógica, producida en el contexto racionalista y positivista de la obra intelectual de la Ilustración, que  sustenta un gran cambio para liquidar los remanentes políticos e ideológicos del viejo régimen feudal y sólo en ese sentido forma parte de los ordenamientos jurídicos democráticos. Cuando la democracia constitucional habla de soberanía, no se refiere al poder de las turbas, la ausencia de control jurisdiccional, ni a la democracia directa, sino a que la base de la democracia es el consenso de las diversas fuerzas políticas, económicas, sociales, culturales, del acuerdo entre las partes constitutivas del pueblo, que la fundaron a la caída de un régimen autocrático[6].

 

Ese proceso de cambios económicos, sociales y culturales que da origen a la primera constitución democrática de Europa continental es una revolución concreta  que necesitaba una fundamentación conceptual fuerte para ganar las batallas. Sus líderes se enfrentaban con la nobleza, una parte del clero y con el viejo régimen y debían mantener convencido al Tercer Estado de la verdad, la justicia y la moralidad del propósito revolucionario. Debían darle dignidad a la lucha por el poder, la entrada en escena de partidos, la movilización de sectores sociales, la irreverencia frente a los poderes tradicionales, el ascenso de grupos excluidos. También a las rivalidades, crueldades y hasta los crímenes de los protagonistas, como la decapitación de los reyes y de sus hijos, de la nobleza y luego de Danton y Desmoulins, hasta llegar el mismo Incorruptible. Todas se hicieron sublimes en la soberanía, la voluntad general y el pueblo. Robespierre fue uno de los más grandilocuentes, sacralizadores y místicos y al mismo tiempo de los más pragmáticos y oportunistas invocantes del pueblo. Polemizar con él no era disentir de un hombre, sino  nada menos que de la soberanía popular, la revolución misma. “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada” llegó a decir Fidel Castro. Luego de la larga secuencia de vaivenes revolucionarios y contrarrevolucionarios, la carga de totalitarismo místico que el Terror le dio a la noción de pueblo soberano por encima y contra la ley burguesa y la democracia representativa, pasó a los socialistas y demás radicales del siglo XIX. Así las fuerzas antirepresentativas desde aquel entonces y aún hasta nuestros días, mientras luchan por el poder, declaran paradójicamente que frente a la voluntad del pueblo no hay alternativa, sólo para constituirse en dictaduras opresivas. Como diría León Trotsky para convertir “la dictadura del proletariado en una dictadura sobre el proletariado”. El Terror lo primero que hizo fue destruir el Estado de Derecho y el Régimen Constitucional de 1791. Pero para escarnio de la pretendida sacralidad del término pueblo, pareciera que cuando  los revolucionarios se refieren a él aluden más bien a lo que Arendt[7] llama “el populacho” y autores marxistas “lumpen proletariat”, entendido como “residuo” de diversos grupos sociales, dispuestos a movilizarse, con frecuencia  al servicio de partidos violentos. Aplaudieron cuando cayeron las cabezas de Luis XVI y María Antonieta con igual aprobación que cuando la escena se repitió con los moderados víctimas del Terror, con Danton y más tarde  Robespierre. El populacho había disfrutado con las quemas de brujas, las cacerías de herejes y las luchas entre gladiadores en la antigüedad. No debe olvidarse que aquellas sentencias de tono metafísico y solemne usadas por los revolucionarios de Francia sirvieron a los mismos personajes para fundar instituciones y justificar nobles y gloriosas gestas, pero también para acciones canallas y criminales. Tenían ante sí la titánica tarea de crear una sociedad inédita  sobre conceptos filosóficos sin corporeidad: soberanía popular, voluntad general, nación, ciudadanía, igualdad, libertad, derechos naturales, pueblo, fuente del poder, democracia, derechos individuales, propiedad privada, libertad de conciencia, contrato social, estado de naturaleza, cuerpo político y otras muchas. La primera gran prueba que debió superar el nacimiento del sistema democrático fue la materialización de todas esas grandes categorías en el acuerdo práctico de convivencia de 1791.

 

V  SOBRE UN POSIBLE CONCEPTO DE PUEBLO

 

 En la modernidad, decíamos, la condición abstracta e indeterminada del término  pueblo  permite que se entienda de maneras muy diversas, de acuerdo con orientaciones teóricas, fines políticos y voluntades de poder[8]. Siempre corresponde a un interés de partido. Se usa para tocar la emoción de las mayorías genéricas en los procesos electorales democráticos, pero también con sentido racista (folk) como lo hicieron los nazis, no para incluir sino  excluir y perseguir a los no arios. En  los comunistas el sentido de esa palabra  también busca segregar a algunos sectores, los  propietarios, ricos o ligados a ellos. El pueblo es el conjunto de “las clases populares” y excluye a “los poderosos”. Esa, decíamos, es la concepción revolucionaria del pueblo enfrentado por con a la élites, ilustradas, ricas y poderosas que no son parte de él, sino su negación. También puede ser los muchos y con esa vaguedad se usa a menudo en el combate político. Dentro de esta perspectiva se incluye una versión cargada de rousseaunianismo tardío: el pueblo es bondadoso, sufriente, lleno de virtudes, explotado y envilecido por el capitalismo según la acepción revolucionaria En el lenguaje de los partidos políticos democráticos, con frecuencia se circunscriben las propiedades metafísicas de la voluntad popular, el soberano, a una simple mayoría, como todas ellas, circunstancial. En este sentido se asocia la soberanía a la voluntad expresada por la mayoría de los electores en una consulta, ya que el voto universal, directo y secreto para la elección de los poderes públicos es una facultad que en la sociedad democrática se les concede a los ciudadanos, sin distingo de clases, nivel socioeconómico, preparación cultural o sexo —con pocas excepciones—. Otra noción de pueblo, antagónica con la anterior, existió por algún tiempo en la etapa liberal del desarrollo democrático. Lo identifica con las élites económicas, políticas y culturales y excluía a los que carecían de propiedades materiales según el sistema censitario.  Aún hoy hay quienes creen en una especie de capacitarismo anacrónico que debe “sacar” de la integración del  pueblo a los menos instruidos, o a los analfabetas, puesto que no estarían calificados para decidir sobre las funciones públicas. El derecho al voto en las sociedades liberales de los siglos XVIII y XIX estaba circunscrito a los varones adultos, ricos y alfabetas. Las mujeres estuvieron hasta hace poco fuera de casi todas las nociones de pueblo. Para la política democrática y electoral contemporánea “el pueblo somos todos” (“el pueblo francés” o “norteamericano”) sin distingos. Esa subsumsión de clases distintas con intereses contrapuestos en una “abstracción formal”, hace que para el marxismo la palabra pueblo sea ideológica, encubridora de las realidades sociales, pues lo que existe son las clases  en lucha de intereses irreconciliables. Se acerca así a una enunciación más adecuada, la  sociedad o formación económico social, concepto que resulta más libre de connotaciones metafísicas.

 

El que la noción de pueblo carezca de un eventual carácter científico, o siquiera ideológicamente preciso —y por ende, soberanía popular—, tiene implicaciones esenciales en el sistema político y hace aún más difícil comprender la carga ética, conceptual y el sentido orgánico otorgado por el interlocutor. Por eso una parte muy importante de la teoría constitucional trata de restarle la connotación metafísica, supralegal y lo define como hace por ejemplo Hans Kelsen:

 

El pueblo no constituye —al contrario de cómo se concibe ingenuamente— un conjunto, un conglomerado, por así decir, de individuos, sino simplemente un sistema de actos individuales determinados por la Ley[9].

 

Construidas las bases conceptuales iniciales del Estado moderno, la Revolución Francesa (como cualquier otra revolución) deja de serlo y se convierte  en un sistema constitucional y legal que insacula la soberanía popular en el reino de los valores absolutos y las definiciones filosóficas, vistas las dificultades y ambivalencias para precisar su materialidad empírica. La soberanía popular pasa a ser así un valor, la referencia fundacional del Estado de Derecho, de la representación y del cumplimiento de la ley, todos productos de la voluntad colectiva. La soberanía popular no puede hacerse operativa sino a través de las decisiones de organismos políticos legítimos, nunca por medio de la entrada “directa” del pueblo en escena, pues ya hemos visto que eso es una quimera y en muchos casos una elucubración política. La mayor de las asambleas multitudinarias será siempre una parte del pueblo y por lo tanto no puede actuar al margen de la ley, como si encarnara “el soberano”, pues sería una usurpación que lleva a la anarquía. La mayor de las asambleas y la más abrumadora de las votaciones están sometidas, igual que todos los componentes del colectivo, a las leyes. La experiencia teórica y política abrió un camino distinto al del radicalismo revolucionario. La noción de soberanía se hizo más compleja, más determinada teóricamente y pasó a cumplir un rol diferente, sustento de la constitución, entendida, decíamos, como un pacto de convivencia entre los diversos grupos sociales, políticos, económicos y culturales, y por lo tanto, inviolable por cualquiera de ellos. Pero éste es un factor complejo de la teoría política. La  soberanía popular había sido el punto de apoyo para la seglarización del poder, que permitió posteriormente (en 1791) someter al Rey a la legalidad, arrebatarle a la monarquía su basamento en el derecho natural y situarla en el marco de la constitución de derecho positivo. La monarquía pasa de obtener su legitimidad en Dios a recibirla de la constitución y las leyes que representan la voluntad colectiva, ya privada la corona de una cualidad que ahora surge de la nación (el pueblo). La soberanía de la nación pasa a ser el elemento fundante del Estado y de la política moderna. Pero a su vez la soberanía popular es encausada y a partir de una sofisticado sistema lógico en el cual se ejerce a través de la representación y está condicionada por la ley fundamental. El poder pasa a ser terrenal, lo ejercen los hombres y nace de los hombres mismos, no es un mandato de ninguna potestad superior. Los hombres lo conceden y los hombres, por lo tanto, tienen la facultad de regularlo e incluso de revocarlo de acuerdo a un conjunto de normas y principios, que aunque humanos devienen inviolables para que la sociedad sea un fundamento estable, no sometido a la zozobra de las revueltas.

 

La Declaración de los derechos del hombre  y del ciudadano de 1789, es un paso revolucionario en la empresa de crea las bases del derecho moderno, derecho propiamente dicho. No se puede hablar de derecho prescindiendo de las épocas y formaciones sociales y no son lo mismo el derecho igual moderno, el consuetudinario estamental de la Edad Media y el romano, por ejemplo, o el código de Hammurabi. El derecho formal y el Estado representativo culminan el proceso de igualación de los seres humanos ante la ley por medio de la ciudadanía, que implica el fin de los estamentos, privilegios, vasallaje y esclavitud. Ese principio permite comprender la especificidad del Estado y del derecho como categorías rigurosamente ligadas a la estructura concreta de la sociedad moderna, única en condiciones de funcionar sin siervos, ni esclavos, ni castas cerradas, pues su esencia contractual requiere individuos libres con deberes y derechos. Las sociedades que funcionan sobre el vasallaje y la esclavitud poseen categorías jurídicas no universales que consagran de derecho las diferencias sociales. Por el contrario, donde coexistiera el derecho moderno igual con la esclavitud, sería en medio de una contradicción insoluble, como en los Estados Unidos hasta la Guerra de Secesión. Tan insoluble que termina en una matanza de tal magnitud que la Guerra Civil norteamericana ha sido consideraba entre las más cruentas de la historia. El Sur representaba una versión políticamente subdesarrollada y tradicional frente al Norte.

 

En la sociedad moderna la libertad y el intercambio comercial, han generado la individualización universal de los sujetos, que todos, más allá de sus diferencias sociales o personales, son ciudadanos con similares deberes y derechos y el Estado representativo fundamenta una separación entre las esferas pública y  privada. Por medio de la elección de representantes, la sociedad civil, la esfera privada, delega ejercer el gobierno, elaborar  leyes e impartir justicia en la esfera pública de sus representantes. En la Edad Media el derecho consuetudinario dividía a las personas entre siervos y señores,  nobles y estado llano, que siempre lo serían porque así lo establecía la “ley”. Esto es lo que se conoció como “privilegio” o “estamento”. Los siervos se negociaban con la tierra de la que “formaban parte” y las clases sociales era cercos inmóviles. Quien nacía siervo moriría siervo, e incluso, el uso de colores vivos como el rojo, el azul o el amarillo, adornos y joyas estaban vedados para ciertos estamentos. Lo único que podía hacer alguien para dejar de ser siervo era huir a los burgos convertido en delincuente por ese sólo hecho. 

Según el politólogo Joan Antón las categorías contemporáneas de Estado de Derecho, igualdad ante la ley, representación, democracia representativa, derechos individuales, mayoría limitada, equilibrio de poderes, poder constituyente derivado… son ideas enfrentadas a una sociedad radicalmente no liberal, basada en las diferencias y no en la igualdad ante la ley… 

La sociedad feudal, una sociedad estamental, corporativista, antiindividualista, teocéntrica, hiperreligiosa, estática y pesimista. Orientada hacia la mera supervivencia de la fuerza de trabajo y el mantenimiento del estatus en los grupos sociales dominantes laicos o religiosos. Una sociedad dirigista y reglamentista en la que no se hace distinción entre el plano público y el privado, ni entre lo económico y lo político.[10].

 

 La idea de ciudadanía y la igualdad ante la ley, es el fin del dominio de un hombre sobre otro y por lo tanto, el nacimiento de la  independencia personal,  de sujetos  libres de la coacción del prójimo y la afiliación a cualquier grupo debe ser voluntaria y contractual, no una servidumbre de base legal. Gracias a la igualdad ante la ley consagrada en el Estado de Derecho, las clases sociales se convierten en especie de cercos móviles de los que se puede salir y entrar y dejan de ser estamentos.

 

 La esfera privada, formada por la pluralidad de las voluntades individuales, postula, crea y elige una esfera pública. Por eso, según Benjamin Constant, la libertad moderna consiste en “hacerse representar”, a diferencia de la “libertad antigua”, que no era tal libertad, sino una compulsión colectiva, obliga a participar en la vida pública. Quien no lo hacía era un “ilota”[11]. Proclamar que todos y cualquier persona —como lo hace la Declaración de los Derechos Humanos de 1789  — tienen derechos iguales, rompe con sociedades que, pese a tener derecho y a existir formas parciales de separación entre público y privado, carecen de universalidad. Guido de Ruggiero interpreta la situación que consagra el derecho estamental desigual del  medioevo de la siguiente manera:

 

En la sociedad feudal la sociedad se presenta como fraccionada y casi desperdigada en miles de libertades particulares, cada una de las cuales se oculta bajo una cobertura que al mismo tiempo la tapa y la protege: nosotros la conocemos bajo el nombre de privilegio[12].

 

 El concepto de individuo surge a partir del cristianismo conflictuado por la Reforma Luterana, pero se queda como postulado religioso y no logra regir la sociedad. La universalización de los derechos del hombre y del ciudadano, es el rasgo más típico de la sociedad moderna, la revolución política más profunda de la historia. La “emancipación” —para usar el lenguaje de Marx— de los trabajadores. Por un lado estaban ahora “desnudos” de medios de producción e instrumentos de trabajo, a diferencia de los siervos que sí los poseían. En segundo son libres para vender su fuerza de trabajo en los talleres que surgían en los burgos, pues habían roto las relaciones de sometimiento directo[13]. Así se hace posible el proceso de acumulación originaria de capital. Como expresión de este proceso en la vida política, la Declaración asienta un derecho igual que contrarresta las diferencias sociales y naturales y crea normas universales, para todos. Uno de las paradojas del pensamiento de Marx, es que mientras reconoce la importancia de la igualación jurídica como fuerza transformadora y  disolvente de las relaciones de producción feudales, al mismo tiempo propone a los socialistas enarbolar “un derecho desigual”, basado en la justicia y no en la ley, como componente de la futura nueva sociedad[14]. En otra parte Marx reconoce la impronta de la universalización, a pesar de que la analiza en términos críticos:

 

El derecho civil se basa en una abstracción intelectual que, carente de contenido, recoge el contenido natural de la rectitud y la moralidad como materia exterior, en sí carente de ley, tratando de modelar, dirigir y preordenar hacia un fin exterior dicha materia carente de ley y espíritu. Trata el mundo objetivo no de acuerdo a leyes innatas a él, sino de acuerdo con ideas subjetivas y arbitrarias y de acuerdo con un designio que reside fuera de la cosa en sí[15].

 

Decíamos que ya Rousseau había muerto y no tuvo la ocasión de contrastar su pensamiento con la realidad del nuevo orden. Si comparamos los anteriores conceptos de Rousseau y Sieyés en la etapa de crisis de fundamentos de la monarquía absoluta, con los que el mismo Sieyés hace a posteriori en la Introducción a la Declaración de los Derechos del Hombre, veremos un cambio diametral en las definiciones de soberanía y pueblo. Sieyés y su entorno socio político experimentaban un cambio profundo desde la etapa revolucionaria en la que demolían los soportes de la monarquía absoluta, ahora ante la construcción de un régimen social concreto. De las definiciones filosóficas puras, al régimen constitucional  de  transacción entre fuerzas políticas y sociales diferentes, entre ellas la propia monarquía, en el nuevo consenso también constitucional. En este segundo momento la Asamblea habla de sí misma como “representante del pueblo francés” y dice que “... el principio de la soberanía radica fundamentalmente en la nación”[16]. Resulta absolutamente distinto decir a secas que la soberanía radica en la nación. Lo que radica es el principio y sólo fundamentalmente, no totalmente. Esta aparente sutileza es la clave del sistema democrático constitucional, porque aclara la diferencia entre la titularidad y el ejercicio de la soberanía:

 

...la nación, en la que tienen su origen todos los poderes, sólo puede ejercerlos por representación... La constitución francesa es representativa; los representantes son las corporaciones legislativas y el rey [17].

 

El titular de la soberanía, “el pueblo”, sólo puede ejercerla a través de diputados y jueces, como se escribe textualmente  y no tiene  reserva de poder. La soberanía se extingue al usarse para convertirse en el valor de la libertad y los derechos establecidos por la ley. Frente a la impracticabilidad de la soberanía popular como valor absoluto, pues implica la disolución del Estado de Derecho que le pone límites, surge el sufragio, forma alienada, imperfecta, pero real para consultar por lo menos algunos sectores del pueblo. El sufragio no es el ejercicio de la soberanía, aun cuando fuere lo más parecido posible. Dijimos que para Sieyés y Rousseau en un primer momento era un absurdo que el pueblo soberano, fuente de la ley, pudiera ser sometido a una ley. Pues bien: en la nueva concepción expresada en el texto constitucional el sufragio  no es un acto soberano del pueblo genérico y tumultuoso, dueño del poder total, supraconstitucional. En todas las legislaciones democráticas existentes, el sufragio es una atribución concedida por leyes que crean el electorado, un cuerpo de ciudadanos sometido a restricciones legales, reglamentarias y coactivas, un colegio electoral. Para poder votar los ciudadanos deben acatar las normas, hacerlo en orden, aparecer en los registros o padrones, haber cumplido la mayoría de edad, ir a determinada circunscripción decidida por autoridades competentes, sólo en caso de aparecer en las listas y en  respectivos centros de votación, cierto día y entre ciertas horas, con número de votos limitado. Para  hacer uso del tal derecho es necesario ser miembro de un colegio electoral  conforme se estipula.

 

Ninguna parte del pueblo y ninguna persona particular puede apropiarse de su ejercicio (de la soberanía)[18].

 

Ninguna parte del pueblo alude a cualquier parte de éste, como por ejemplo una mayoría, que bajo ningún concepto puede abrogarse la soberanía para sí. La razón de esto es que el pueblo como tal es una abstracción carente de contenidos concretos. A diferencia de pueblo, sociedad es la categoría fundante de las ciencias sociales, porque pese a ser abstracta, designa un complejo de grupos con intereses diferentes, que no pueden asimilarse entre ellos. Mientras la noción de pueblo es genérica, un abstracto general, la de sociedad designa una realidad plural, es un abstracto determinado según la noción de Luckács. El “pueblo” no tiene materialidad y sólo existe a través de sectores o grupos concretos. El pueblo no es la mayoría, pues la mayoría es sólo una parte de él, —menos una mayoría — así como las minorías y en la confrontación política representa visiones del mundo, deseos, estatus, contradictorios con otras. No hay dentro del Estado Constitucional ningún soberano por encima de la constitución y a la categoría lógica de el pueblo no puede atribuírsele  potestades  de una voluntad todopoderosa que en síntesis sólo expresa a ciertos grupos —un partido o un gobierno— en detrimento de otros. Si un mandatario impone medidas inconstitucionales con el argumento de que representa al pueblo, aunque se refiera a la mayoría, está actuando de manera ilegal e ilegítima.

  

La Francesa de 1791 es el arquetipo de una constitución social y dentro de esos términos proclama ciertamente, la soberanía popular: La soberanía es única, indivisible, inenajenable e imprescriptible. Pertenece a la nación[19].

 

Acto seguido, pese a esta declaración, encasilla y limita los límites de hasta dónde pueden llegar los poderes de una asamblea electa:

 

El poder legislativo no puede dictar leyes que afecten o impidan el ejercicio de los derechos naturales y ciudadanos enumerados en esta sección (art.1) y garantizados por la Constitución[20]

 es decir, los derechos consagrados del “garantismo”: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de culto, derecho de propiedad, separación de poderes, derecho a la vida, inviolabilidad de la morada y habeas corpus. Cualquier intento del gobernante  por violentar alguno de ellos queda de antemano condenado por la ley fundamental. 

No hay en Francia ninguna autoridad que esté por encima de la ley. El rey sólo gobierna mediante leyes. Y sólo en nombre de la ley se puede exigir obediencia.[21]

 

En la democracia moderna cualquier ejercicio de soberanía está mediado por la constitución para preservar el orden frente al caos  representado por la apelación a la soberanía popular que carecería por definición de normas y limitaciones. Lo que se declara a propósito del rey como cabeza del poder ejecutivo es, con mucha más razón, aplicable en una república democrática, al presidente. Este sólo puede gobernar legítimamente si lo hace dentro de las atribuciones que le fija la Constitución.

 

VI EL PODER CONSTITUYENTE

 

En 1789 la Asamblea Nacional de Francia se declaró Asamblea Constituyente y después de un apasionante debate concluyó la primera constitución. Antes había producido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, especie de programa de principios para elaborar la constitución. Pueden distinguirse dos perspectivas para estudiar el proceso mediante el cual la sociedad democrática se dota de un pacto de convivencia. Una es la llamada democrático constitucional, que impera en prácticamente todas las naciones democráticas, examina el poder constituyente originario como una secuencia que tuvo un comienzo, un desarrollo y una culminación cuando se funda el Estado democrático. Para ella el poder constituyente originario pertenece a una etapa superada de la historia moderna, que creó instituciones hoy patrimonio universal y  que permitieron a las sociedades modernas salir y prevenirse del autoritarismo. El poder constituyente y la constitución se llaman así porque constituyeron originariamente la democracia y suena absurdo intentar constituir lo ya constituido. Las reformas constitucionales necesarias a partir de ese momento serán producto de una facultad derivada de y  sometida a las instituciones. La segunda es la revolucionaria para la cual el poder constituyente no termina nunca, porque está prisionero en la lámpara de la constitución democrático formal, hasta que la revolución lo libere. Cuando esa  discusión que no se realiza en el  plano meramente utópico, ni académico, sino que decide el destino de naciones, fuerzas sociales, partidos, corporaciones armadas, instituciones civiles, la decisión puede significar que el poder ejecutivo y las fuerzas armadas queden sin control jurisdiccional y la matchpolítica regrese envuelta en banderas seudoconstitucionales. Revivir el poder constituyente originario en democracias maduras, sería como volver a la infancia, una insensatez histórica muy frecuente en América Latina que conduce prácticamente sin excepciones al retroceso autocrático. La perspectiva revolucionaria extrapola el proceso de formación del Estado democrático, lo sustrae de su historicidad, lo descontextualiza y entiende el poder constituyente originario como una fuerza eterna y absoluta, el “poder del pueblo” (en realidad el poder de un partido que asume voluntariamente la representación de éste), fuente de una profunda distorsión conceptual de efectos generalmente terribles en la conducción del Estado. Para la visión democrático constitucional, el poder constituyente es un capítulo cerrado en la evolución humana, salvo en las infortunadas circunstancias en que la sociedad cae en una dictadura y al salir de ella debe reconstruir las instituciones. Para otros, como los marxistas y demás revolucionarios que  se plantean destruir el “orden burgués”, la falsa democracia representativa y hacer uno nuevo, socialista o popular, habría que repetir lo hecho por los revolucionarios franceses, o los de cualquier época. Sólo que exactamente al revés que en  la Francia de los Derechos Humanos. Mientras la Revolución Francesa destruye el Absolutismo y fracciona el poder, los marxistas y sus herederos intentan destruir la separación de poderes para construir autocracias (dictadura del proletariado, dictadura democrática de obreros, campesinos y soldados, dictadura revolucionaria o democracia popular). Así el poder constituyente en su permanencia y atemporalidad gravitaría hasta que la lucha de clases  le da la posibilidad de realizarse (la “coyuntura revolucionaria dentro de la situación revolucionaria” en palabras de Lenin) y sería más que válido, ética y teóricamente, necesario para “la redención social”. Antonio Negri, uno de los principales teóricos de las Brigadas Rojas italianas. Negri dice que “…desde ese punto de vista, el concepto de poder constituyente se liga estrechamente al de revolución”[22]. Quienes razonan un poder popular constituyente originario, lo entienden  permanente, in ovo en el Estado burgués. Por el contrario la perspectiva democrático constitucional  analiza el momento en la historia de occidente en que surgió el poder constituyente y cómo terminó; y si vuelve teóricamente a él, lo hace desde una perspectiva arqueológica, así como cuando rememora los demás conceptos fundantes del Estado. H. Arendt, al referirse a la Constitución de los Estados Unidos  sostiene que

 

…la idea central de la revolución norteamericana es establecer la libertad, vale decir, establecer un cuerpo político que garantice el espacio en el que aparecería la libertad[23]

 Una vez forjadas las bases de la libertad en la constitución, la revolución y el poder constituyente son parte de la historia, como las Cruzadas o la batalla de Waterloo, que a nadie se le ocurriría repetir, si no es en pos de un objetivo exactamente contrario. En general cada vez que se  hace uso político de la idea de un poder constituyente originario, es para amenazar la democracia.

 

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Noria, Omar: La teoría de la representación política del abate Sieyés (Caracas: UCAB, 1998).

Paine, Thomas: Los derechos del hombre.(Madrid: Editorial Doncel, 1976).

Rawls, John: Teoría de la justicia (México: FCE, 1993).

Rousseau, J.J: El contrato social (Madrid: Espasa-Calpe,1969).

Ruggiero, Guido de:Historia del liberalismo europeo (Madrid: Pegaso, 1984).

Talmon en The origins of totalitarin democracy  (Nueva York, 1983, cuarta edición).

Toffler, Alvin: El cambio del poder (Barcelona: Plaza y Janés, 1990).

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789.

Constitución Francesa de 1791.

 


 

[1] Tal debate sobre la  construcción del Estado democrático moderno, tiene un momento crucial con el cuestionamiento al derecho divino de los reyes fundamentado por Bodino, Bossuet, Francisco Suárez y Filmer  y  la situación antagónica entre élites y pueblo  que estudia Rousseau en varias de sus obras, particularmente en Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y El contrato social. Ya antes Maquiavelo, Locke y Hobbes habían descubierto un nuevo continente para la política.

[2] Rousseau: El contrato social (Madrid: Espasa-Calpe,1969)

[3] Op.cit.

[4] Citado por Omar Noria en La teoría de la representación política del abate Sieyés (Caracas: UCAB, 1998)

[5] Decía  Juan Bodino...“Si el príncipe manda algo que está contra las leyes, el magistrado puede hacer objeciones, pero si el príncipe insiste, el magistrado debe obedecer ” (De la República).  No deja de ser ilustrativo  que los fundamentos jurídicos de la revolución venezolana se parezcan tanto a los de las monarquías absolutas, pero  en la tesis de Bodino hay aspectos comparativamente más avanzados. Considera que son de gran valor los estados generales y provinciales (parlamento y legislaturas regionales) y  la propiedad privada sin bemoles. En El Patriarca que publicó sir Robert Filmer en 1653 … “aunque un rey cuide de que todas sus acciones sean conforme a las leyes, no está obligado a hacerlo, salvo por buena voluntad, para dar el ejemplo o cuando la seguridad de la comunidad está en juego”.

[6] “El objeto de de una constitución es establecer un orden racional claro y estable que evite, en la medida de lo posible, la subversión, el golpe de Estado, las intrigas palaciegas, las agitaciones colectivas y los delitos políticos. Una Constitución aparece así progresivamente como una barrera al abuso de poder y como una manera organizada de excluir ciertas formas o ciertos temas de cuestionamiento al poder. La elaboración de una Constitución es un rito pacificador que acaba con las revoluciones y pacifica los tumultos para los pueblos que se someten a ella”. Jacques Donnedieu de Vabres, Vida del Estado (París: 1971, p.20). Resulta llamativo que quien redacta la Ponencia lo hace en conocimiento de los contenidos de este párrafo (Ver Sentencia, p.13).

[7] En Los orígenes del totalitarismo (Madrid: Taurus, 1974).

[8] Mientras en la Antigüedad Platón y Aristóteles le dan una connotación peyorativa a la palabra demos cuando hablan de democracia como un sistema degenerado del buen gobierno o politeia.

[9] Kelsen: Esencia y valor de la democracia  (Madrid: Labor, 1973).

 

[10] Y cuya finalidad última, desde una perspectiva político-ideológica, es metafísica y trascendental: hay que soportar como buenos cristianos los sufrimientos terrenales para así poder acceder a la auténtica vida para la que hemos sido creados, la contemplación gozosa de Dios en el cielo. Joan Antón “Liberalismo” en Miguel Caminel Badía (coordinador) Manual de ciencia política (Madrid; Tecnos, 1996, pp 87-105).

[11] La libertad de los modernos (Madrid: Aguilar, 1973).

[12] Historia del liberalismo europeo (Madrid: Pegaso, 1984).

[13] Marx lo desarrolla ampliamente en el primer tomo de El Capital (México: FCE, 1974, Capítulo I).

[14] Crítica del programa de Gotha.

[15] Crítica de la filosofía del derecho en Hegel (México: Grijalbo, 1965).

[16] Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Art.3.

[17] Constitución Francesa de 1791.

[18] Idem.

[19] Idem.

[20] Idem.

[21] loc. cit.

[22] Ver  El poder constituyente de Antonio Negri  (Madrid: Libertarias, 1994).

[23] Arendt: Sobre revolución (Madrid: Revista de Occidente, 1984).